En esta oportunidad comentare a mis lectores un interesante estudio que tuve la oportunidad de leer y analizar en la revista “Servicios Psiquiátricos” de la Asociación Americana de Psiquiatría.



Antes tengo que poner en conocimiento de los lectores una cruda y dolorosa verdad. La población carcelaria en los EUA es de las mas altas del mundo, pues casi uno de cada 100 ciudadanos esta detenido en una de ellas. Cuando el promedio mundial es de 1 por cada mil . Es decir, que vivimos en un Estado (EUA) que tiende a ser carcelario. Esta desproporción se debe en gran parte a la carencia de una política carcelaria cuyo objetivo sea la reparación del daño, pero a la vez la rehabilitación y reinserción del recluso o del menor infractor. De los casi 3 millones de personas que conforman la población carcelaria 2/3 partes corresponden a castellano parlantes y afro-americanos. Cuando estos grupos poblacionales sumados no representan mas allá, por ahora, que el 30% de la población total. Esto nos habla de que los jueces podrían ser mas benevolentes con las sentencias que les imponen a las personas de apariencia caucásica, así hayan cometido el mismo tipo de delito. Aquellos van encarcelados, mientras una buen porcentaje de estos van a probatoria, sentencias suspendidas o servicio comunitarios.



Bien descrito este panorama y retomando ahora si el tema que me preocupa, los adolescentes sentenciados a prisión tienen mas de tres veces el riesgo de desarrollar un desorden mental de cualquier tipo en comparación con aquellos adolescentes que no son enviados a prisión. Para el autor líder del articulo comentado el Dr. Jasón Washburn, esto apunta hacia una crisis en el sistema de justicia juvenil, pues un alto numero de adolescentes son juzgados como adultos aun teniendo solo 13 años de edad. En la mayoría de los estados un adolescente menor de 18 años, que es la edad aceptada internacionalmente para ser responsable pleno en materia penal, se le puede (discrecional del juez) juzgar como adulto y responsable pleno en términos penales si este ha cometido un delito tipificado como: Asesinato en primer grado, asalto sexual agravado, asalto a mano armada, robo de vehículos agravado, porte ilegal de un arma de fuego en cercanías o dentro de una institución escolar y finalmente, distribución de sustancias controladas en la escuela, cerca de ella o en un edificio público.



De los adolescentes juzgados por una corte

de adultos, el 51% fue sentenciado a prisión, que de acuerdo al delito puede ser sentenciado hasta con cadena perpetua, pues afortunadamente gracias a una reciente sentencia de la Suprema Corte de los EUA no es posible sentenciar a muerte a un menor de edad o a quien padezca de un retardo mental. Estos adolescentes enfrentan diferentes estados emocionales (ansiedad, depresión, entre otros) durante su encarcelamiento, juicio, sentencia y purga de la sentencia en un sistema para adultos sin contar con un apoyo psicológico, que muchas veces requiere ser culturalmente competente. En contraste, solo el 1% de los adolescentes juzgados en cortes juveniles son sentenciados a prisión.



De acuerdo con los hallazgos del estudio los adolescentes afro-americanos son mas de tres veces, y los latinos dos veces mas enviados a cortes para adultos, que sus contrapartes no-latinos blancos al momento de decidirse su destino dentro del sistema que administra justicia en los EUA.



Como era previsto los adolescentes con mayor criminalidad tenían un alto correlato de uso de sustancias ilegales y desorden de conducta disruptiva, pero su reclusión en un centro para adultos los expone a mayores riesgos de desarrollar un desorden ansioso o un desorden del afecto. Los adolescentes enviados a prisión de adultos, tuvieron una prevalencia mayor en tres veces de cualquier desorden de ansiedad o del afecto, que sus pares que no fueron encarcelados.



Pero, si tres veces mas afro-americanos y dos veces mas latinos son enviados a prisiones para adultos que sus pares no-latinos blancos, no se estará incurriendo en una inequidad en razón de su raza.



Además desde el punto de vista de proveer servicios de salud mental, si es difícil encontrar psiquiatras, psicólogos u otros miembros de un equipo de salud especializados en brindar atención a niños y adolescentes, mas aun especialistas en abuso de sustancias para este grupo de edad, en la vida civil rutinaria fuera de una prisión, cuanto mas deficitario será el encontrar la disponibilidad del recurso humano dispuesto a brindar este tipo de servicio para la población de adolescentes en prisión. Mas aun, cuando brindar este tipo de servicio requiere de una gran competencia cultural, ya que su mayoría casi 5/6 partes son Afro-americanos o latinos, para entender integralmente la problemática del adolescente infractor. La política criminal del Estado debería centrar sus esfuerzos en su rehabilitación, de quien es potencialmente rehabilitable como un adolescente

suele serlo, antes que en la reparación con la purga de una sentencia por el delito cometido. Buena parte de esto se podría lograr, mediante el ofrecimiento de un tratamiento oportuno y de la calidad que la situación amerita. Pues de lo que se habla aquí es de una vida que empieza y de cuan determinante puede ser su reclusión en una prisión de mayores y de los servicios que requiere en una fase clave y definitiva, como lo es la adolescencia, para el resto de su vida. Aquí esta algo en lo que sociedad, especialistas en salud de todas las profesiones y políticos deben trabajar mancomunadamente, pues estamos hablando de un resultado que nos puede afectar de una u otra forma. Al tener como resultado un hombre o mujer rehabilitados o lo contrario. Vale la pena corregir y/o rehabilitar al joven infractor que tener que castigar al delincuente adulto.



Además la lectura de este articulo me hizo recordar que esta situación como muchas otras, ocasiona diferencias en el recurso humano de las comunidades Castellano-parlantes o sus descendientes y Afro-americanos, será que de manera inadvertida se quiere crear una segunda clase de ciudadanos, que ya son manejados de manera diferencial frente a la proclamada igualdad ante la administración de justicia. O es acaso, y eso me temo que ya somos ciudadanos y residentes de segunda clase por nuestro origen cultural. Seria interesante conocer la respuesta. Que se diese una discusión abierta al asunto. Pero lo que si se es que en los indicadores de desarrollo y bienestar de recurso humano estamos, como comunidad, por debajo de los llamados blancos no latinos y muy cerca de los Afro-americanos. Esto es muy diciente en una tierra que tiene la fama de ser la cuna de la democracia moderna, del la organización estatal federal de la carta de derechos consagrada en la Constitución americana incluso con algunos años de anticipación a los derechos del hombre de la revolución francesa de 1789.



Jonathan Leibnitz. B Ph.